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Plan B para Europa - Otro punto de vista Entradas

Los cuentos de las cuentas de la deuda

El Banco de España (BdE) acaba de publicar, como hace habitualmente, los datos de deuda pública del tercer trimestre, es decir, la deuda acumulada por las administraciones españolas hasta septiembre de 2015. Se publicaron el pasado 11 de diciembre aunque se muchos medios se habían hecho ya eco cuando en noviembre el BdE avanzó los datos. Medios y redes han destacado que la deuda soberana en nuestro país se eleva ya al 99,3% del PIB, superando en septiembre las previsiones fijadas por el gobierno de Rajoy para todo el año. Y es que el Estado español rompe año tras año todos los records en lo que a deuda pública se refiere.

¿Que se esconde tras ese 1.062.315.000.000 € de deuda pública?

Sí, 1,06 billones de euros … billones como en millones de millones, es decir, 22.883,34 € por cada habitante español. Esta es una de las principales cuestiones que pretendemos responder desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda.

Para ello hemos publicado recientemente un informe que analiza la evolución de la deuda española desde el año 2000 hasta 2014 (podéis encontrar el análisis completo aquí). Hemos recopilado datos oficiales y los hemos analizado para explicar el cómo y los porqués de la evolución de la deuda pública, así como las razones que han motivado las medidas de austeridad llevadas a cabo. Con ello queremos darle la vuelta al discurso oficial, el de una deuda bajo control y que no supone una amenaza para nuestros derechos o nuestro bienestar.

El relato neoliberal: la deuda bajo control

Cuando en los medios, desde el gobierno o los partidos políticos se valora la situación de la deuda española, se hace desde el punto de vista del relato neoliberal. Bajo la apariencia objetiva de los técnicos economistas, se presenta una situación en la que la evolución de la deuda pública está bajo control y las medidas de austeridad son la razón para ello.

Las buenas perspectivas que apunta el Gobierno de Rajoy para 2016, con una reducción de los intereses de la deuda y del endeudamiento en general, han sido puestas en duda incluso por Bruselas. Estas perspectivas se basan en una previsión de crecimiento económico, que debería llevar a un incremento de los recursos públicos (incluso en un escenario de reducción de impuestos como promete el PP en plena campaña electoral), absolutamente delirante según diversos analistas. El gobierno que salga de las elecciones del 20D deberá revisar sin duda esas previsiones y ese escenario sobre-optimista.

Si bien es cierto que el Estado español se está endeudando con los mercados a intereses muy bajos, incluso negativos en el caso de la deuda a corto plazo, con una prima de riesgo bajísima, también lo es que se trata de una situación que puede cambiar en cualquier momento. La bancada neoliberal ve en el crédito barato que los mercados ofrecen a España un signo de que la crisis de la deuda está superada, alimentando así el espiral de endeudamiento de la administración pública española.

En 2015 el Estado habrá captado en los mercados 239 mil millones de euros en emisiones de deuda y letras del tesoro, de los que unos 50 mil millones son emisiones netas de deuda (es decir, nueva deuda con los mercados, mientras el resto son refinanciaciones), y el ministerio de economía presume de los bajos costes de dicho endeudamiento. En 2016 el Gobierno español tendrá que refinanciar más de 200 mil millones de euros de deuda, dependiendo nuevamente de que los mercados internacionales mantengan su “confianza” en España y los intereses bajo mínimos.

Sin embargo, un incremento de los tipos de interés o una pérdida de confianza de los mercados, generada por cualquier desequilibro interno o externo, o por un cambio en la política de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, puede darle un vuelco a la situación y llevarnos de nuevo a un episodio como el vivido en 2012 con la prima de riesgo disparada. En esta ocasión la situación seria mucho más dramática, ya que el ajuste probablemente requerido llegaría sobre unos servicios públicos y unos derechos sociales reducidos ya a su mínima expresión y con un endeudamiento mucho mayor.

Bajo el relato optimista de la superación de la crisis de deuda se esconde también la farsa del éxito de las políticas de austeridad. Lo cierto es que la deuda sigue lastrando los derechos y el bienestar de la mayoría de la población española. Los más de 700 mil millones de deuda emitida desde 2013 podrían haber servido para invertir en economía productiva y generar puestos de trabajo. Pero han ido a pagar la deuda, a rescatar los bancos o financiar grandes infraestructuras de dudosa utilidad social y viabilidad económica. Los pagos de deuda y sus intereses, realizados en base a nuevo endeudamiento, siguen siendo aún hoy la razón para seguir aplicando recortes, teóricamente para hacer frente a unos límites de déficit fijados desde Bruselas. Unos límites y una austeridad definidas con el único objetivo de desmantelar el Estado del bienestar, generando así mayores márgenes de beneficios para los propietarios del capital.

Lo que nos dicen las cifras: la deuda fuera de control

Hemos visto que el relato neoliberal de una crisis de deuda superada se basa en previsiones irreales y en el inestable flujo de crédito barato. ¿Qué nos dicen las cifras? ¿se ha superado la crisis de la deuda pública?

La deuda de la economía española alcanzaba a finales de 2014 la escandalosa cifra de 4,49 billones de euros. Esto equivale al 424% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, la deuda es más de cuatro veces lo que produce la economía real. Esta deuda se ha multiplicado por 2,6 entre el año 2000 y 2014. España, sigue por tanto teniendo un problema enorme de deuda privada.

Entre 2000 y 2007, años previos al estallido de la crisis, la deuda privada se disparó (aumentó en 2,77 billones de €) mientras que el endeudamiento público prácticamente no se vio incrementado (en términos nominales, aumentó sólo 39.258 millones de €). Por lo tanto, el problema de la deuda pública hoy difícilmente se puede atribuir a un excesivo gasto público, mediáticamente señalado como ’generador de déficit’. Desde el punto de vista de servicios públicos, lejos de ’vivir por encima de nuestras posibilidades’, lo cierto es que el gasto público se sitúa en España en todo este período por debajo de los países de nuestro entorno. El porcentaje de inversión en servicios públicos respecto al PIB en el caso español está por debajo de la media de los 27 países europeos.

Es a partir de 2007 cuando se dispara la deuda pública, desde los 646 mil millones de € en 2007 hasta el 1,06 billones de hoy. Un incremento debido principalmente al desequilibrio fiscal generado por la disminución de recaudación, y por un aumento de los gastos, entre otros por un mayor coste en las prestaciones de desempleo, pero también por el incremento del pago de intereses de la deuda y, por supuesto, a causa del rescate bancario. Desde 2007 la deuda privada se ha visto reducida en 657.167 millones de euros, sobretodo por la reducción del endeudamiento de las familias y de las empresas no financieras.

En definitiva, la deuda soberana, tanto en términos absolutos como relativos al PIB, no ha dejado de crecer, pasando de 440 mil millones de euros en el año 2000 al más de un billón de euros acumulado hasta septiembre de 2015. Una deuda que cómo argumentábamos sigue teniendo un impacto directo en el bienestar de la población.

En los presupuestos de 2016, aprobados con prisas y sobre premisas poco rigurosas cuanto menos, los intereses de la deuda se comen 33.490 millones de euros. Una cifra sensiblemente inferior a la de 2015, debido a los mejores tipos de interés a los que se financia el Estado. Aún con eso sigue siendo la tercera partida presupuestaria, después de las pensiones y las transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos.

El pago de dichos intereses ha aumentado un 84% desde el estallido de la crisis (2007), incremento que no se han compensado con un aumento de los ingresos, más bien al contrario. Entre 2007 y 2014 se han pagado 613 mil millones de euros en intereses, y hasta 1,7 billones si sumamos intereses y amortización de la deuda pública. En sentido contrario, miles de millones de euros han sido “recortados” de las partidas de gasto social, con los impactos que ya conocemos.

Últimamente se apunta a las comunidades autónomas para explicar el déficit y el incremento de la deuda pública. Sin embargo, la deuda de la Administración central es la que más ha crecido, un 183% desde 2008 (frente al 169% de aumento de la deuda de las comunidades autónomas en el mismo período). Tres cuartas partes de la deuda pública corresponde a la de la administración central, un 20% a la deuda de las comunidades autónomas, y tan sólo un 3% y un 2% a la de los ayuntamientos y la seguridad social respectivamente.

En realidad, para entender el aumento de la deuda, más que mirar a los gastos, a pesar de la importancia del impacto del incremento de los intereses o el rescate bancario, hay que mirar a los ingresos. Y es que desde 2007 se han reducido un 12% los ingresos fiscales, principalmente por un regresivo e ineficiente modelo tributario. Entre 2007 y 2012 (años en los que tenemos datos de ingresos consolidados) el impuesto de sociedades ha dejado de ingresar 27.781 millones de euros. El impuesto sobre la renta, principal fuente de ingresos fiscales (y que recae sobretodo en el esfuerzo de las clases trabajadoras) ha dejado de ingresar 2.600 millones de euros. El ajuste por el lado de los ingresos se ha hecho de forma casi exclusiva a través del aumento de impuestos regresivos como el IVA. Pero en un contexto de regresión y estancamiento del consumo, esta medida ha tenido poco impacto recaudatorio real. Al reducirse los ingresos fiscales el Estado ha seguido acudiendo al endeudamiento como fuente de financiación, adentrándose cada vez más en la espiral de la deudocracia.

Monedas complementarias, un plan B para la política monetaria de una nueva Europa

El pasado 10 de diciembre se celebró en el Europarlamento una mesa redonda bajo el lema “Hacia un marco de referencia europeo para las monedas complementarias”. En ella, varios expertos en monedas complementarias y sociales discutieron sobre las ventajas económicas, sociales y ecológicas de cambiar el sistema monetario europeo actual por otro donde monedas locales o regionales convivan con el euro promoviendo una economía más justa.

El evento, celebrado en la sede del Europarlamento y organizado por el europarlamentario de Compromís Jordí Sebastià y el portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo Florent Marcellesi, concentró a expertos en monedas complementarias y sociales que expusieron diferentes experiencias exitosas de monedas sociales en nuestro país, como los casos del Puma en Sevilla o del Ekhi en Bilbao, así como futuros proyectos que se están gestando en ciudades como Barcelona, Valencia o Madrid.

Las monedas complementarias (MC), aquellas que conviven con la moneda de curso legal pero que “pueden ser usadas para favorecer y promover la economía de una zona geográfica determinada“, están en pleno auge en nuestro país y ya son una firme realidad en países como Alemania, Francia o Reino Unido, donde existen casos como el de la ciudad británica de Bristol donde la moneda complementaria “Bristol pound” es usada por una amplia mayoría de la población, se puede utilizar en un gran número de comercios locales, permite pagar impuestos municipales y donde su alcalde cobra su sueldo integro en esta moneda.

El actual sistema monetario europeo, que ha dejado en manos del Banco Central Europeo (BCE) la soberanía de las políticas monetarias, parece hacer aguas en esta “Europa a dos marchas” donde los países han perdido la posibilidad de usar estas políticas en casos de urgencia o de necesitar promover otras políticas económicas que no sean las marcadas por Europa o la Troika.

Hacia un sistema monetario europeo más justo

En el actual contexto de desigualdad económica, tanto entre los países de la unión europea como a niveles regionales dentro de los propios países, se hace necesaria una autonomía monetaria que brinde a los gobiernos, a las administraciones locales e incluso a grupos de ciudadanía organizada la posibilidad de buscar vías de acción propias para resolver sus problemas. En este punto es donde las MC pueden funcionar -y ya están funcionando en muchos lugares- como una herramienta perfecta para avanzar hacia otra economía más local.“Europa necesita una relocalización de la economía, además de necesitar reducir el consumo de recursos usando circuitos cortos de consumo y producción. En este sentido las MC favorecen una economía local de proximidad más justa para todos”, explica Florent Marcellesi, portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo. “Necesitamos introducir las MC en un marco europeo. Estamos lanzando estudios europeos sobre postcrecimiento en temas como la deuda, los sistemas financieros y el sistema monetario europeo y uno de los puntos y elementos fundamentales en una sociedad y en una Europa postcrecimiento son las MC como herramienta de cambio”, concluye Marcellesi.

Jordi Sebastià, europarlamentario por Compromís explicó que “las MC, locales y sociales son una manera de crear un nuevo modelo económico, de luchar contra los efectos de la crisis y de crear red ciudadana”. De ahí la importancia de llevar este tipo de debates a instancias europeas, “si estas monedas y sus logros consiguieran unas dimensiones europeas podríamos llevar este tipo de economía a una nueva Europa”, continua Sebastià “a partir de aquí deberemos buscar experiencias similares en Europa y crear una corriente favorable y un debate dentro del parlamento europeo”.

En este camino para introducir las monedas complementarias en el marco de una nueva Europa, el experto en desarrollo territorial y activista de la iniciativa “Economías BioRegionales” Franco Llobera, explica que“Europa necesita un libro blanco de las monedas complementarias, un marco legal que las permita y promueva. Los técnicos en Europa lo tienen claro y por eso la Comisión Europea sigue financiando con fondos sociales este tipo de iniciativas, pero no parece que tengan la voluntad política de llevarlo al Parlamento Europeo”.

Las monedas complementarias en situaciones de crisis

Las MC ya han tenido papeles fundamentales en momentos de crisis económicas en otros países. El caso más sonado fue la aparición de monedas complementarias en Argentina durante el corralito en el 2001, donde varias monedas surgieron para poder facilitar el intercambio y paliar la falta de liquidez provocada por el cierre de los bancos. Este tipo de monedas podrían ser de gran ayuda para gobiernos o administraciones locales en situaciones de crisis económica o falta de liquidez como la que sufrió Grecia“En el caso de Grecia, el entonces ministro de finanzas griego Yanis Varoufakis propuso emitir dinero electrónico, que funcionaría como una moneda complementaria, ante la falta de liquidez provocada por el corte de financiación del BCE, inyectando dinero electrónico mediante los sueldos de los funcionarios y las pensiones. Aquella medida podría haber dado tiempo extra al gobierno en las negociaciones con la Troika y hubiera evitado, o al menos suavizado, el parón económico causado por la falta de liquidez de euros en los bancos griegos”, explica Daniel Albarracín, economista miembro de Podemos, asesor del grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL) en el Parlamento Europeo y uno de los expertos que formó parte del Comité de la verdad de la deuda pública griega, “Las MC tienen un recorrido corto, no podrían sustituir a una moneda nacional o europea, pero si que pueden dar un respiro y ser un alivio en momentos en los que se produce algún tipo de crisis económica, social o una falta de liquidez”.

La posibilidad de emitir o promover este tipo de monedas significaría el retorno de la soberanía monetaria a las administraciones locales, las cuales conocen y comprenden mucho mejor la problemática de cada territorio, y que la actual estructura europea ha eliminado por completo al centralizarla en el BCE. “Ya hay experiencias similares como lo ocurrido en Argentina durante el corralito o el caso del estado de Florida en EE.UU. donde se ha devuelto la soberanía financiera a entidades locales para que pudieran buscar soluciones a sus problemas mediante estas herramientas y políticas monetarias propias. En Europa esa soberanía es del BCE, que no es para nada democrático”, explica Sebastià. En el caso de Grecia el europarlamentario comenta que “ha sido crucial el hecho de no dejarle crear una propia alternativa para salir de la crisis y obligarles a seguir unos parámetros neoliberales y totalmente pendencieros, lo que se acentúa si recordamos que la deuda griega era una deuda privada que Europa le obligó a socializar”.

El TiSA entregará datos personales de millones de ciudadanos a las multinacionales

El TiSA pondrá en bandeja de plata a las empresas el control de los datos de los cientos de millones de ciudadanos que viven en los 50 países que lo firman. Las multinacionales tendrán carta blanca para almacenar, procesar o transferir información personal “siempre que esa actividad esté en conexión con la gestión del negocio de ese proveedor de servicios”, lo que en la práctica supone dar carta blanca a las corporaciones y a sus filiales. De hecho, la única excepción al cumplimiento de este acuerdo que contempla EEUU es la defensa de los “intereses esenciales de seguridad” de los países firmantes del Trade in Services Agreement (TiSA), que la Comisión Europea negocia con el máximo sigilo en nombre de los 28 estados de la Unión.

Público ha tenido acceso en exclusiva en España a los últimos documentos filtrados por WikiLeaks al respecto, mientras los negociadores intentan mantener en secreto estos textos hasta cinco años después de la ratificación del acuerdo. Una ratificación que requiere del visto bueno del Parlamento Europeo, institución que hasta la fecha ni siquiera se ha pronunciado sobre el TiSA.

Hace cuatro semanas este diario adelantó una primera versión del Anexo sobre Comercio Electrónico del TiSA, que plantea permitir a las empresas operar con datos personales de los ciudadanos de otros estados sin contar siquiera con una sede física en estos países. La nueva versión del documento viene a ratificar esta posición, plasmando además la insistencia de Washington porque ninguno de los estados “pueda impedir a un suministrador de servicios” que maneje estos datos a su antojo.

De hecho, EEUU no figura entre los países impulsores de los artículos tres y cuatro del documento –Protección al Consumidor en la Red y Protección de Información Personal–, y la UE sólo aparece en el primero, por lo que no está entre los países que defienden con más fuerza el establecimiento de un mínimo marco de protección de los datos de los consumidores en el pacto secreto, al que se supeditarán las normativas nacionales, regionales y locales de los firmantes, entre los que se encuentran además algunos paraísos fiscales, como Suiza. “Las partes reconocen los beneficios económicos y sociales de proteger la información personal de los usuarios del comercio electrónico, y la contribución que esto supone para mejorar la confianza de los consumidores en esta forma de comercio”, reza el texto.

Tampoco cuentan con la UE ni con EEUU entre sus impulsores los apartados dos y tres del mismo artículo, que urgen a los estados a hacer pública su forma de proteger estos datos personales, y a asegurarse de que “su marco legal nacional para la protección de la información personal de los usuarios de comercio electrónico es aplicada de forma no discriminatoria”.

El peligro de la “razonable administración de la red”

El artículo 8 del documento -Redes Abiertas y Acceso y Utilización de la Red- sí cuenta con EEUU entre sus impulsores, y en su primer apartado recoge tres puntos que reconocen el derecho de los consumidores a acceder a la red, pero que también podrían servir para dejar la puerta abierta a un futuro control de la Red de redes, aludiendo a una “razonable administración de la red”. “Cada parte reconoce que los consumidores de su territorio, y en base a las leyes y normativas deben poder acceder y utilizar aplicaciones de su elección disponibles en internet, sujetas a una razonable administración de la red”, reza, sin aportar un solo detalle sobre esta “razonable administración”.

El artículo 10 obliga a los estados a acabar con las trabas para las firmas digitales que utilicen el resto de socios -“una parte no deberá negar la validez legal de una firma únicamente por el hecho de que esta esté en formato electrónico”-, mientras el 12, que sí respalda la UE, pide que las entregas electrónicas no estén sujetas a aranceles, aunque aclara que esto no impide a un país establecer impuestos sobre estas entregas.
La última versión filtrada del Anexo sobre Comercio Electrónico tiene una extensión de 18 páginas, y de ser aplicada podría representar una vulneración de los compromisos internacionales de muchos países firmantes, como las Privacy Guidelines de la OCDE o la Data Protection Directive de la UE.

Como ya avanzó este diario, el pacto prohíbe explícitamente cualquier restricción en el flujo de estos datos a través de las fronteras de los firmantes, e insiste en este punto: “Las partes no impedirán a los proveedores extranjeros de comercio electrónico, ni a los clientes de dichos proveedores transferir información internamente o a través de fronteras, acceder a la información públicamente disponible o a acceder a su propia información almacenada en el extranjero”.

La delegación de Izquierda Unida en el Europarlamento ya ha elevado varias preguntas escritas a la Comisión sobre el TiSA, como responsable de las negociaciones por parte de toda la UE, pero hasta la fecha las instituciones comunitarias han permanecido mudas sobre este pacto secreto , como se mostraban hasta hace apenas unos meses en relación al TTIP, el acuerdo de libre comercio entre la UE y EEUU que sigue ganándose cada vez más detractores. La expectación mediática creciente sobre el TTIP también está creciendo, y tal vez podrá servir para obligar a Bruselas a arrojar algo más de luz sobre este acuerdo, negociado de espalda a la ciudadanía.

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